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Definiciones

Expropiación. Cuando la Administración (Estado, Ayuntamiento o Comunidad Autónoma) obliga a los particulares a que les entregue sus bienes (terrenos, viviendas, locales, actividades, minas, etc.), a cambio de un precio. La Ley exige que este precio sea justo y que compense la totalidad del derecho expropiado. La mayor parte de las cuestiones que se plantean ante los tribunales son sobre el precio que debe pagar la Administración y si el procedimiento expropiatorio ha sido regular, pues en caso contrario la expropiación es mayor.

Responsabilidad patrimonial de la Administración. Se produce cuando la Administración realiza algún tipo de actuación o, a veces, omite hacer algo a lo que estaba obligado, y ese acto u omisión causan un daño al particular. Así, por ejemplo, si como consecuencia de unas obras en la vía pública se deterioran los cimientos de una casa y se producen grietas, si como consecuencia de no haber reparado un hueco en la calle o carretera, o de no haberlo señalizado, un peatón o un conductor se caen por el hueco y sufren daños, o se produce una negligencia médica en un hospital público, etc. En tal caso, el primer paso es reclamar a la Administración, y si no reconoce nuestro derecho o la indemnización que estima es insuficiente, es necesario acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Orden de demolición. Cuando como consecuencia de una obra que se ha realizado el Ayuntamiento nos ordena la demolición de las mismas, para intentar evitarlo y defenderse, es necesario actuar tanto en vía administrativa, ante la Administración, cuanto en sede judicial.

Orden de legalización. Es el paso previo a la orden de demolición, la ley dice que si la Administración comprueba que se ha hecho una obra sin licencia ordenará al responsable que solicite licencia, y si no la obtiene o no ajusta las obras, ordena la demolición de las obras. Para poder defender los derechos de los ciudadanos en estos supuestos es importante que se inicie la defensa legal desde el primer momento, por lo que, para que haya las mayores posibilidades de obtener un buen resultado es esencial que nada más recibir la orden de legalización se acuda a un abogado.

Sanciones. El poder sancionador de la Administración es enorme, numerosas leyes y normas le otorgan la posibilidad de sancionar a los ciudadanos. La única posibilidad de evitar sanciones urbanísticas, de medio ambiente, de espectáculos públicos, etc., algunas de las cuales no son sólo económicas, que pueden llegar a varios millones de euros, sin que también pueden conllevar el cierre de actividades, es necesario ejercitar el derecho de defensa desde el primer momento.

Cese y clausura de actividades. La Administración ostenta también enormes potestades para impedir a los ciudadanos que ejerzan sus actividades (Bares, Discotecas, Restaurantes, Industrias, etc.), imponiéndoles el cierre de las mismas, la única posibilidad de mantener los locales en funcionamiento es una adecuada defensa jurídica que aborde globalmente el problema, tanto desde el punto de vista administrativo cuanto el judicial.

Licencias. El ejercicio de actividades y la realización de obras requiere la obtención de licencias, en ocasiones la Administración deniega las mismas, y es necesario luchar por su concesión, tanto en el trámite administrativo, cuanto ante los tribunales de justicia.

Cumplimiento de contratos. En ocasiones, una vez se firma un contrato, la otra parte no cumple o no lo hace en los términos pactados, en tales casos es necesario acudir a un abogado para que, primero intente llegar a un acuerdo, y caso de no ser posible se vaya a juicio para exigir el cumplimiento del contrato.

Propiedad horizontal. La vida de las Comunidades de Propietarios es muy compleja, exige un profundo conocimiento de cuáles son los criterios que utilizan los tribunales para saber si es posible o no hacer algo y, en su caso, como hacer las peticiones tanto fuera de juicio, cuanto ante los Tribunales.

Recuperación de la propiedad. En ocasiones tenemos una propiedad que alguien nos disputa, porque dice que sea suya o, simplemente, la ocupe. En estos casos es necesario acudir a los tribunales para intentar conseguir que dejen de perturbar nuestra propiedad o recuperarla si, efectivamente, nos la han arrebatado (v.g. por un okupa), para ello son necesarias las acciones reivindicatoria y declarativa, o los denominados interdictos para proteger la posesión.

Ejecución de garantías reales. En ocasiones tenemos una deuda garantizada mediante una hipoteca u otro tipo de garantía real, si es necesario ejecutar la garantía ante los tribunales es necesario acudir a un abogado para que le lleva a efecto.

Expedientes declarativos de dominio. En ocasiones tenemos una propiedad porque era de alguno de nuestros ancestros o hemos comprado a alguien y no está inscrita la propiedad de nuestro vendedor o causante en el registro, para subsanar el defecto y que nuestra propiedad acceda al registro y tener la seguridad de nuestro derecho se tramita un expediente de dominio, cuyo resultado final es que nuestra propiedad se inscribe en el Registro de la Propiedad.